El secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, propuso un reparto “50/50” de la capacidad mundial de fabricación de semiconductores entre EE. UU. y Taiwán, y dijo que su objetivo es elevar la producción nacional estadounidense de chips hasta el 40 %, lo que requeriría inversiones superiores a 500 000 millones de dólares. La propuesta ha generado debate porque no aclara si se refiere solo a procesos avanzados o incluye también procesos maduros, ni especifica si la medida se medirá por número de obleas o por valor productivo.

Algunos analistas estiman que, en términos de fabricación de procesos avanzados, la meta podría alcanzarse si se concretan las inversiones anunciadas por TSMC, Samsung e Intel en Estados Unidos: TSMC ha aumentado su inversión estadounidense hasta 165 000 millones de dólares y sus plantas en Arizona aportarían alrededor del 30 % de la capacidad de procesos inferiores a 2 nanómetros, y la suma de las inversiones de otros actores podría situar la cuota estadounidense de procesos avanzados cerca del 50 %. Sin embargo, esa lectura depende de que todas las plantas previstas entren en funcionamiento y rindan según lo previsto.

Otros expertos advierten de que la intención real de la proposición estadounidense sería que Taiwán financie parte importante de la inversión necesaria para crear una cadena de suministro completa en EE. UU., y recomiendan que el Gobierno taiwanés no acepte sin reservas y mantenga flexibilidad en las negociaciones. Se apunta además que hay costes y riesgos: capacidad ociosa futura, dificultad para recuperar la inversión, y la posible imposibilidad de reproducir en EE. UU. una cadena de suministros madura como la asiática.

Finalmente, hay retos operativos y estructurales que conviene valorar antes de ampliar la producción en territorio estadounidense: mantener buenos rendimientos en procesos avanzados fuera de su ecosistema original, la falta de proveedores locales maduros, los mayores costes laborales y de producción en EE. UU., cuellos de botella en talento especializado y cuestiones laborales (sindicatos) que pueden elevar la complejidad y el coste de la decisión. Estos factores, según los analistas, hacen que un reparto puramente “50/50” resulte, en la práctica, difícil de implementar tal y como fue planteado.