El diario Washington Post reveló que el Partido de la Unificación China (中華統一促進黨) en Taiwán (CUPP, siglas en inglés) ha reclutado espías y difundido propaganda financiada por Pekín. La investigación señala que algunos de sus miembros recibieron supuestamente millones de dólares del Partido Comunista de China y que otros intentaron captar a oficiales militares para labores de espionaje. Un exagente estadounidense advirtió de que las sanciones en Taiwán contra este tipo de delitos son tan leves que no generan un verdadero efecto disuasorio.

El Ministerio del Interior reaccionó recordando que el CUPP supone una amenaza seria para la seguridad nacional y el sistema democrático. En los últimos años, además, se han decomisado casi 200 armas relacionadas con el partido y con organizaciones mafiosas afines. Esta situación refuerza la percepción de que el CUPP no es simplemente una formación política, sino un canal de injerencia extranjera en la isla.

El Gobierno adelantó que solicitará formalmente al Tribunal Constitucional la disolución del partido por inconstitucionalidad, según la Ley de Partidos y a las enmiendas constitucionales que permiten esa medida en caso de amenaza al orden democrático. Sin embargo, el proceso se encuentra pendiente de la plena constitución del tribunal y de la aplicación de la reforma de la Ley de Procedimiento Constitucional, aprobada en enero.

Finalmente, el Ministerio del Interior reiteró que, aunque la Constitución protege la libertad de asociación política, los partidos deben actuar siempre dentro de los principios democráticos. La aceptación de órdenes, financiación o apoyo de potencias extranjeras constituye una violación grave de la soberanía y puede desembocar en sanciones severas, incluida la disolución. Con ello, el Gobierno busca preservar el sistema democrático y blindar la política taiwanesa frente a la injerencia de Pekín.