Las relaciones entre Japón y China continental se han tensado notablemente después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi (高市早苗), declarara que un ataque contra Taiwán podría constituir una “crisis existencial” para Japón y activar el derecho a la autodefensa colectiva. Pekín reaccionó con dureza, incluida una amenaza de decapitación publicada por el cónsul general chino en Osaka, una respuesta considerada radical incluso para el nivel habitual de tensión diplomática entre ambos países.

Ely Ratner, exalto cargo del Pentágono especializado en seguridad del Indo-Pacífico, defendió que las declaraciones de Takaichi fueron correctas y se ajustan a la política oficial japonesa. Criticó duramente la reacción de China continental, calificándola de “extrema e inapropiada”, pero celebró que Japón no haya retrocedido frente a estas presiones. Ratner instó a Estados Unidos a apoyar firmemente a Tokio en este contexto.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump conversó separadamente con Xi Jinping (習近平) y Takaichi. Aunque algunos medios señalaron que Trump trató de rebajar tensiones y sugirió cautela a Tokio, el Gobierno japonés negó que hubiera un consejo explícito de evitar “provocar” a Pekín. La falta de claridad en las versiones refleja el delicado equilibrio diplomático en el que se mueve Washington ante el aumento de tensiones en el Indo-Pacífico.

Las represalias económicas chinas no tardaron en aparecer. Pekín recomendó a sus ciudadanos que eviten viajar o estudiar en Japón, suspendió importaciones de productos marinos japoneses y varias rutas aéreas fueron canceladas. A ello se sumó la cancelación de conciertos de artistas japoneses en China continental y la retirada de estrenos de cine japoneses, evidenciando que la disputa se ha extendido más allá de lo diplomático hacia la cultura y los intercambios civiles.