La negativa del primer ministro Cho Jung-tai (卓榮泰) a contrafirmar la Ley de Distribución Fiscal reenmendada ha llevado al Kuomintang y al Partido Popular de Taiwán a anunciar una iniciativa para destituir al presidente Lai Ching-te (賴清德). La oposición considera que esta decisión vulnera el equilibrio institucional y ha intensificado su ofensiva política tanto contra el jefe del Ejecutivo como contra el presidente.

Desde la Oficina Presidencial se rechazan estas acusaciones y se subraya que la propia reacción de la oposición demuestra que el sistema constitucional taiwanés sigue funcionando, con mecanismos claros de control y contrapesos entre poderes. Según la portavoz Kuo Ya-hui (郭雅慧), no puede hablarse de abuso de poder cuando se actúa dentro del marco constitucional.

El Gobierno defiende que la negativa a contrafirmar se basa en el artículo 37 de la Constitución y responde a la necesidad de proteger la seguridad nacional y la estabilidad fiscal frente a leyes consideradas abusivas o ilegales. Además, se critica a la oposición por mantener bloqueada la revisión del presupuesto general, un trámite que debe completarse antes de que termine el año.

Desde el Partido Democrático Progresista se recuerda que la destitución presidencial exige mayorías cualificadas que la oposición no posee actualmente y que, además, el Tribunal Constitucional está paralizado. A su juicio, la iniciativa de destitución es un gesto político sin posibilidades reales de prosperar, que confirma la existencia —y no la ausencia— de controles democráticos en Taiwán.