El presidente Lai Ching-te (賴清德) anunció un impulso decisivo para institucionalizar la resiliencia defensiva de toda la sociedad, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana y hacer frente al aumento de las amenazas externas contra Taiwán.

El plan contempla la creación de un marco legal y de mecanismos de cooperación entre ministerios, gobiernos locales y la sociedad civil, siguiendo el principio de coordinación central, aplicación local y colaboración ciudadana, para que todos los actores conozcan claramente sus responsabilidades en situaciones de crisis.

Uno de los ejes clave será la educación, empezando por las escuelas, para fomentar una resiliencia intergeneracional, así como el refuerzo de la integración civil-militar mediante ejercicios y entrenamientos prácticos que consoliden la capacidad defensiva en el conjunto de la sociedad.

Lai subrayó que la resiliencia social implica comunidades capaces de mantener la calma ante apagones, de ayudarse mutuamente ante desastres, de resistir la desinformación y de garantizar el funcionamiento de sectores clave incluso en situaciones críticas.

Finalmente, tras un reciente ataque aleatorio en Taipéi, el Gobierno anunció que incorporará supuestos de violencia indiscriminada en los ejercicios de resiliencia y que la «Guía de seguridad para la población de Taiwán» incluirá pautas de actuación ante este tipo de amenazas, empezando por una versión digital prevista para 2026.