En relación con la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos y su traslado a ese país para ser juzgado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán declaró hoy día 6, en respuesta a preguntas de los medios, que está siguiendo de cerca la evolución de la situación política y económica interna y externa de Venezuela. El ministerio señaló que se mantendrá atento a los últimos acontecimientos y reaccionará de manera oportuna, al tiempo que expresó su deseo de que Venezuela pueda transitar de forma pacífica hacia un sistema democrático y avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales.

El Ministerio indicó que, tras el envío de fuerzas estadounidenses para detener al presidente venezolano, continuará observando la situación en el país, incluida la implicación del régimen dictatorial en el narcotráfico internacional y el grave impacto que la crisis humanitaria provocada por el autoritarismo tiene sobre la estabilidad regional. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hsiao Kuang-wei (蕭光偉), afirmó que Taiwán, basándose en los principios fundamentales de protección y asistencia a sus ciudadanos en el extranjero, seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos, con la esperanza de que Venezuela logre una transición democrática pacífica que permita fortalecer las relaciones bilaterales.

Exteriores subrayó asimismo que Taiwán continuará cooperando con Estados Unidos y otros aliados afines a nivel global para trabajar conjuntamente en favor de la seguridad, la estabilidad y la prosperidad regional y mundial.

Tras las elecciones presidenciales venezolanas de 2024, se produjeron protestas ciudadanas en el país, ante lo cual Taiwán instó en su momento al Gobierno de Maduro a respetar los valores democráticos y la libre voluntad del pueblo venezolano. A finales del año pasado, el Gobierno de Maduro criticó la venta de armas estadounidenses a Taiwán, lo que llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores taiwanés a expresar una firme protesta y condena, recordando que la prioridad de las autoridades venezolanas debería ser atender las demandas de su población en materia de democracia, libertad, derechos humanos, Estado de derecho y dignidad básica de vida.