La Fiscalía de Yilan desarticuló una red dedicada a la compra y venta ilegal de pasaportes taiwaneses, que llegó a enviar al menos 14 documentos al extranjero. Estos pasaportes se revendían, principalmente a clientes de China continental, por unos 10 000 euros cada uno.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó de que ya desde octubre de 2023 tenía conocimiento del caso gracias a la Agencia de Investigación Criminal y que ha mantenido un seguimiento de los pasaportes implicados, colaborando estrechamente con las autoridades judiciales y policiales durante toda la investigación.

Los miembros de la organización fueron procesados en abril de 2024 y este año han sido condenados por el Tribunal de Distrito de Yilan a penas de entre algo más de un año y algo más de dos años de prisión.

El Gobierno advirtió de que la venta o cesión de pasaportes para suplantar identidades es un delito grave que puede acarrear hasta siete años de cárcel y fuertes multas, y que estas prácticas ponen en peligro la credibilidad internacional del pasaporte taiwanés y las ventajas de entrada sin visado en 177 países y territorios.