El presidente Lai Ching-te (賴清德) ha concedido su primer indulto desde que asumió el cargo a una mujer de más de 80 años condenada a 2 años y 6 meses de prisión por asfixiar a su hijo, paralizado durante medio siglo. La sentencia, dictada por el Tribunal de Distrito de Taipéi y firme desde el 16 de enero, había generado una fuerte reacción social y peticiones de clemencia por parte del juez del caso y de varios legisladores.

La mujer, Lin Liu Long-tzu (林劉龍子), había cuidado en solitario durante más de 50 años a su hijo con discapacidad física y mental extremadamente grave. En 2023 contrajo la COVID-19, lo que agravó de forma súbita su estado físico y psicológico. En un contexto de vejez, agotamiento y desesperación ante la imposibilidad de seguir asumiendo la carga asistencial, se produjo la tragedia que terminó con la muerte del hijo.

Tras evaluar los requisitos legales y el contexto humanitario, y con el respaldo del Ministerio de Justicia —que consideró innecesaria la ejecución efectiva de la pena—, el presidente optó por un indulto en la modalidad de “exención de la pena sin anulación del delito”. Esto significa que se mantiene la condena y la responsabilidad penal, pero se la exime de ingresar en prisión.

El Gobierno ha señalado que el caso pone de relieve las carencias estructurales del sistema de cuidados de larga duración y se ha comprometido a reforzar la política de “Cuidados 3.0”, así como a estudiar reformas legales para apoyar mejor a los cuidadores familiares. La decisión se formalizó antes del Año Nuevo chino, subrayando tanto el componente humanitario del indulto como la voluntad de abrir un debate social sobre la responsabilidad institucional en este tipo de tragedias.