Taiwán se enfrenta a una presión internacional creciente para erradicar el trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, especialmente ante las nuevas normativas de Estados Unidos y la Unión Europea. El foco principal de la polémica es la «servidumbre por deuda», ya que la mayoría de los trabajadores inmigrantes llegan a la isla con cargas financieras extremas tras pagar comisiones abusivas a las agencias de colocación. El ministro de Trabajo, Hung Sun-han (洪申翰), ha anunciado que en un plazo de tres años se prohibirá totalmente el cobro de estas tasas a los empleados para cumplir con los estándares globales de derechos humanos.

Para combatir la dependencia de las agencias privadas, el Yuan Legislativo ha criticado la ineficacia del sistema de contratación directa, que actualmente apenas alcanza el 3 % de uso debido a su complejidad administrativa. Los legisladores proponen que el Estado asuma un rol protagonista siguiendo el modelo de Corea del Sur, facilitando acuerdos directos entre gobiernos que eliminen a los intermediarios. En respuesta, el Ministerio se ha comprometido a simplificar los procesos burocráticos y a aumentar los centros de atención antes de que acabe 2026.

Finalmente, el Gobierno implementará un nuevo sistema de evaluación para las agencias de empleo que penalizará las prácticas de contratación injustas. Los nuevos criterios de control se definirán a lo largo de este año con el objetivo de entrar en funcionamiento el próximo ejercicio. Con estas reformas, Taiwán busca no solo proteger la dignidad de los trabajadores extranjeros, sino también blindar su sector exportador frente a posibles sanciones comerciales internacionales derivadas de la vulneración de derechos laborales.