El Yuan Legislativo ha ratificado la Ley de Servicios de Cuidado Infantil, una normativa que endurece significativamente las protecciones para los menores. El texto legal introduce multas de hasta 600 000 dólares taiwaneses (19 000 USD) para los cuidadores que cometan abusos o acoso sexual, y obliga a los centros a implementar un sistema de videovigilancia con almacenamiento en la nube gestionado por el Gobierno. Esta medida busca garantizar la transparencia y permitir que las autoridades accedan a las pruebas visuales de cualquier incidente durante un periodo mínimo de 30 días.

Organizaciones sociales como la Alianza para las Políticas de Empleo y Cuidado Infantil han calificado la aprobación como un avance histórico en la corresponsabilidad del Estado en la crianza. Consideran que el fortalecimiento del sistema de guarderías es vital para apoyar la conciliación laboral en familias donde ambos padres trabajan, fomentando la igualdad de género. Según el sector, la ley sienta las bases para un modelo de cuidado más profesionalizado y seguro, desvinculando la crianza de una responsabilidad estrictamente privada para convertirla en un pilar de la política pública.

A pesar de los avances, expertos en política familiar han alertado sobre posibles contradicciones con normativas recientes que facilitan la contratación de servicio doméstico extranjero. Se teme que estas medidas paralelas puedan desincentivar la inversión en centros públicos y en la formación de profesionales locales. Por ello, se ha instado al Ejecutivo a priorizar el aumento de plazas en guarderías públicas y la mejora de las condiciones de trabajo de los cuidadores, asegurando que el nuevo sistema cuente con los recursos financieros y humanos necesarios para ser efectivo a largo plazo.