La gira oficial del presidente Lai Ching-te (賴清德) con destino a Esuatini ha sufrido un parón logístico inesperado tras la revocación de los permisos de sobrevuelo por parte de Seychelles, Mauricio y Madagascar. Esta maniobra, atribuida a la presión diplomática de Pekín, ha impedido que el avión presidencial siga su ruta prevista para este 22 de abril, generando una inmediata ola de indignación en EE. UU. por lo que se considera un uso político de la seguridad aérea.

En los Estados Unidos, legisladores de la Cámara de Representantes y del Senado han calificado el incidente como un acto de «coacción económica» y «bullying» político. Los congresistas denuncian que China continental está instrumentalizando el espacio aéreo de terceros países para aislar a Taiwán, advirtiendo que este tipo de tácticas no solo vulneran la soberanía de los aliados democráticos, sino que establecen un precedente peligroso para la libertad de movimiento en el orden internacional.

Especialmente duras han sido las críticas contra el Gobierno de Mauricio, al que senadores como Ted Cruz acusan de alinearse con los intereses estratégicos de China continental en detrimento de la seguridad regional y los intereses estadounidenses. Los representantes del Congreso de EE. UU. han reafirmado que Taiwán posee el derecho legítimo a participar en la comunidad internacional y han exigido responsabilidades a las naciones que han cedido ante las exigencias de Pekín.

En el ámbito de los aliados directos, países como Paraguay y San Cristóbal y Nieves han emitido comunicados de apoyo a la administración de Lai Ching-te. Estos gobiernos han condenado cualquier interferencia externa en las relaciones diplomáticas bilaterales y han hecho un llamamiento a la paz global, subrayando que la libertad de los Estados para relacionarse entre sí debe prevalecer sobre las tácticas de presión económica y el aislamiento político.