Con el objetivo de consolidar la cooperación judicial entre Taiwán y el país sudamericano, el presidente Lai Ching-te (賴清德) y su homólogo paraguayo, Santiago Peña, presenciaron este viernes día 8 en la Oficina Presidencial la firma del «Tratado de Asistencia Judicial Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República de China (Taiwán) y el Gobierno de la República del Paraguay». El acuerdo, suscrito por el ministro de Justicia taiwanés, Cheng Ming-chien (鄭銘謙), y el ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, simboliza la determinación de ambas naciones para combatir de forma conjunta la criminalidad transfronteriza.

Según informó el Ministerio de Justicia en un comunicado de prensa, la firma de este tratado es el resultado de tres años de negociaciones. Una vez entre en vigor, ambos países podrán colaborar estrechamente en las fases de investigación criminal, procesamiento, prevención del delito y otros procedimientos judiciales relacionados.

El convenio contempla el intercambio de pruebas, la localización de sospechosos, la notificación de documentos oficiales y la ejecución de registros e incautaciones. Asimismo, permitirá la inspección de objetos y lugares, la congelación y confiscación de activos, así como el cobro de multas, siempre bajo el marco de las leyes nacionales de cada parte. La incorporación de medios tecnológicos para la obtención de pruebas y la realización de juicios reducirá significativamente el esfuerzo logístico, el tiempo y los costes, aumentando así la eficacia en la persecución de delitos internacionales y las tasas de condena.

El Ministerio de Justicia destacó que este acuerdo es un paso más en la activa estrategia de diplomacia judicial de Taiwán. Se trata del decimoséptimo tratado de asistencia judicial penal firmado por la isla y, de forma significativa, el primero suscrito con un aliado diplomático en Sudamérica. Este hito no solo refuerza los sólidos lazos bilaterales, sino que subraya la voluntad de ambos gobiernos de luchar contra el crimen organizado, con especial énfasis en el fraude de telecomunicaciones, el narcotráfico y la trata de personas.

Por último, el organismo subrayó que el tratado profundiza la cooperación bilateral y fortalece las capacidades para perseguir el delito. Además, representa un punto de inflexión en las relaciones de asistencia judicial de Taiwán con el continente sudamericano, enviando el mensaje firme de que la justicia no tiene fronteras cuando se trata de combatir la criminalidad organizada.