El presidente Lai Ching-te (賴清德) ha criticado duramente la versión reducida de la Ley Especial de Defensa aprobada por el Yuan Legislativo, que establece un límite de 780 000 millones de TWD. Según el mandatario, esta cantidad es insuficiente para cubrir los compromisos militares con Estados Unidos y deja fuera proyectos clave de innovación tecnológica local. Lai advirtió además de que el nuevo requisito legislativo de presentar un informe extraordinario antes de liberar los fondos genera una parálisis administrativa que pone en riesgo la ejecución real del gasto.

La preocupación más inmediata del Ejecutivo radica en los plazos de pago de armamento estratégico, como el sistema de cohetes HIMARS, cuyo vencimiento está fijado para finales de este mes de mayo. La demora impuesta por el nuevo control parlamentario podría derivar en un impago que afectaría a la credibilidad de Taiwán ante sus proveedores internacionales. El presidente ha instado a la oposición a abandonar la lucha partidista en materia de seguridad nacional, recordando que la defensa del país es un pilar indivisible que no debe verse comprometido por bloqueos burocráticos.

Desde el Gobierno, el primer ministro Cho Jung-tai (卓榮泰) ha calificado el presupuesto final de «fragmentado» y ha confirmado que se buscarán vías para compensar la falta de fondos tras el recorte de 470 000 millones de TWD aplicado por la oposición. La Administración estadounidense ya ha mostrado su inquietud por esta reducción de recursos en un momento de alta tensión regional. El Ejecutivo taiwanés se ha comprometido a actuar de forma decidida para restaurar la confianza internacional y garantizar que las necesidades defensivas del país queden cubiertas a pesar de las limitaciones presupuestarias impuestas.