El presidente Lai Ching-te (賴清德) ha provocado una intensa controversia política interna tras argumentar que el concepto de «independencia de Taiwán» equivale sencillamente a defender que la República de China no está subordinada a la República Popular de China, asegurando que bajo este marco normativo no existe un problema real de secesión. Estas afirmaciones, realizadas inicialmente en un foro juvenil y ampliadas posteriormente en redes sociales, coinciden con la finalización de la cumbre bilateral entre Xi Jinping (習近平) y Donald Trump, un escenario donde la administración estadounidense ha ratificado la continuidad de su línea estratégica tradicional respecto a la isla, a pesar de que Trump deslizó en una entrevista su rechazo a que cualquier facción fuerce una declaración formal de independencia.

Desde el oficialista Partido Democrático Progresista (PDP) se ha cerrado filas con el mandatario, sosteniendo que sus palabras no redefinen la doctrina del partido, sino que mantienen una estricta coherencia con las directrices de soberanía aplicadas durante el mandato de su predecesora, Tsai Ing-wen (蔡英文). Los portavoces gubernamentales enfatizaron que el principal objetivo de Taipéi sigue siendo la preservación del statu quo y la consolidación de Taiwán como un actor que aporta estabilidad en el Indo-Pacífico. Asimismo, el PDP acusó a Pekín de ser el único responsable de la escalada de tensión en la región mediante la ejecución constante de maniobras militares de disuasión.

Por el contrario, el opositor Kuomintang (KMT) ha rechazado con contundencia los argumentos de Lai, acusándolo de camuflar una agenda independentista bajo la nomenclatura constitucional de la República de China. La formación conservadora recordó la trayectoria previa del presidente, a quien tildaron de haber sido un histórico promotor de la separación formal de la isla, y le instó a retomar el Consenso de 1992 para rebajar los riesgos de un enfrentamiento armado. El KMT sugirió además que, si el Ejecutivo considera a China continental como una nación extranjera, debería proceder a la disolución de los organismos específicos de asuntos transfronterizos y gestionar la relación a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, advirtiendo del peligro de convertir a la población en primera línea de un conflicto bélico.