El Tribunal de Distrito de Taipéi ha ordenado la prórroga por un periodo de ocho meses de la prohibición de abandonar el país y del control telemático obligatorio para el exalcalde de la capital, Ko Wen-je (柯文哲), y la concejala Ying Hsiao-wei (應曉薇), cuyas medidas cautelares previas vencían el 14 de mayo. El órgano judicial justificó la extensión de estas restricciones debido al incremento sustancial del riesgo de fuga de ambos procesados tras haber sido condenados en primera instancia a penas de 17 años y 15 años y medio de prisión, respectivamente. El tribunal subrayó que los acusados cuentan con el patrimonio y las relaciones necesarias para establecer su residencia fuera del territorio nacional y eludir la acción de la justicia.

La resolución se deriva de las sentencias dictadas el pasado 26 de marzo en el macroproceso que engloba el fraude urbanístico del complejo Jinghua City y la administración fraudulenta de fondos electorales, un juicio que se saldó con la condena de 9 de los 11 encausados. Entre las resoluciones financieras más destacadas del fallo en primera instancia, las autoridades judiciales decretaron una pena de 10 años de cárcel para el presidente de la corporación Core Pacific, Sheen Ching-jing (沈慶京), y ordenaron el decomiso de bienes por un valor superior a NTD 12 100 millones (USD 378,13 millones) a la empresa Dingyue Company por su implicación en la red de sobornos.

Los cargos probados contra el exalcalde Ko Wen-je detallan la percepción de un cohecho de NTD 2,1 millones (USD 65 625) en el caso urbanístico y la sustracción de NTD 6 millones (USD 187 500) de las aportaciones de su propio partido. Asimismo, se demostró la malversación de NTD 61 346 790 (USD 1 917 087,19) de su cuenta de campaña presidencial a través de una sociedad interpuesta y el desvío de NTD 8 271 095 (USD 258 471,72) de una fundación para el pago de nóminas electorales. Por su parte, la concejala Ying Hsiao-wei fue declarada culpable de blanqueo de capitales y cohecho pasivo tras percibir un pago de NTD 52,5 millones (USD 1 640 625) de la constructora a cambio de favores políticos, lo que conllevó además su inhabilitación pública por seis años.