Taiwán planea endurecer la legislación penal contra la conducción bajo los efectos de las drogas tras el fallecimiento de tres personas en dos graves accidentes ocurridos en un intervalo de 48 horas en Nueva Taipéi y Changhua. Ante la alarma social suscitada, el primer ministro Cho Jung-tai (卓榮泰) ha ordenado al Ministerio de Justicia una revisión urgente del Código Penal al considerar insuficientes las herramientas punitivas actuales. Asimismo, el Ejecutivo ha instruido a las fuerzas de seguridad pública a diseñar medidas restrictivas complementarias, entre las que se incluyen sanciones económicas por responsabilidad solidaria a los acompañantes del infractor y restricciones administrativas para la obtención del carné de conducir.
El Yuan Legislativo ha mostrado un consenso generalizado entre los diferentes partidos políticos para sacar adelante la reforma legal de forma prioritaria. Desde el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP), el legislador Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄) equiparó este desafío con la histórica reforma contra la conducción ebria y enfatizó que, más allá de incrementar las condenas judiciales de cárcel, el éxito de la estrategia nacional dependerá de una coordinación interministerial efectiva. El partido oficialista defiende que resulta indispensable tejer una red de seguridad que persiga el narcotráfico en su origen y optimice los programas de rehabilitación médica de los consumidores.
Por su parte, el bloque opositor del Kuomintang (KMT), representado por el parlamentario Huang Chien-hao (黃健豪), ha manifestado su apoyo a las penas combinadas y a la responsabilidad conjunta de los pasajeros, pero ha propuesto sumar el decomiso inmediato de los vehículos implicados como una sanción patrimonial directa de mayor impacto disuasorio real. La oposición recalca que las medidas de castigo a posteriori pierden efectividad si no se complementan con la dotación de herramientas técnicas avanzadas para que los agentes de policía identifiquen eficazmente los perfiles de riesgo durante las inspecciones en carretera, centrando el foco en la desarticulación de los proveedores de sustancias ilícitas.