El Ministerio de Trabajo defendió hoy la decisión de mantener como opcional y sujeta a negociación colectiva la nueva reducción de una hora de la jornada laboral diaria para trabajadores con hijos menores de 12 años. A pesar de que el Estado asumirá el coste íntegro de dicho salario mediante una subvención con un tope diario de 800 TWD (aprox. 25 USD), el Gobierno ha rechazado incluir esta medida de conciliación como una obligación vinculante dentro de la reforma de la Ley de Igualdad de Género en el Empleo. El ministro Hung Shen-han (洪申翰) argumentó que imponer este derecho por ley generaría un grave caos organizativo y logístico en aquellas industrias que dependen de estrictos cuadrantes de turnos rotativos y líneas de producción continuas.

Esta postura gubernamental ha encontrado una firme oposición en el sector parlamentario. La legisladora de la oposición Wang Yu-min (王育敏) criticó que la falta de obligatoriedad legal desvirtúa la eficacia del plan de conciliación familiar, obligando a los empleados a depender del consentimiento arbitrario de las empresas. Wang apoyó su denuncia en las estadísticas oficiales del año 2025, las cuales revelan que más de la mitad de las medianas y grandes empresas deniegan de forma sistemática las reducciones de jornada ya contempladas en la normativa vigente para el cuidado de lactantes. La diputada urgió al Ejecutivo a blindar esta hora diaria como un derecho laboral inalienable para combatir de forma contundente la crisis de natalidad que arrastra el país.

Para flexibilizar la acogida de la medida entre el tejido empresarial, la administración ha diseñado un sistema dual de compensaciones económicas que no solo cubre el sueldo del beneficiario, sino que asigna una ayuda financiera a los compañeros que asuman la carga de trabajo extra. Según pormenorizó el Departamento de Condiciones Laborales, este plus por sustitución podrá ser distribuido entre varios asalariados siempre que el importe acumulado respete el máximo estipulado de 800 TWD (aprox. 25 USD) al día. Como medida de transparencia y control antifraude, las autoridades laborales advirtieron de que la fiscalización de estos fondos estatales requerirá obligatoriamente que el concepto aparezca debidamente desglosado y especificado en los recibos oficiales de salarios de las empresas solicitantes.