El Ministerio de Trabajo anunció que creará un mecanismo de certificación interministerial en colaboración con el Ministerio de Economía para restringir formalmente la entrada de mercancías vinculadas al trabajo forzoso en el mercado de la isla. Esta iniciativa legal se amparará en las competencias de la Ley de Comercio nacional y responde a la necesidad de blindar los derechos humanos dentro de las cadenas de suministro locales. La medida se produce como una reacción institucional inmediata tras conocerse las últimas evaluaciones de los organismos de comercio internacionales en materia de seguridad laboral y estándares éticos de fabricación.

La iniciativa del Ejecutivo taiwanés coincide con la difusión de un informe de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR), redactado bajo el amparo del Artículo 301 de su normativa comercial, que sugiere aplicar gravámenes a 60 economías del planeta debido a la presencia de este tipo de productos ilícitos. Respecto a Taiwán, el documento estadounidense propone una tasa arancelaria del 10 % y constata que, si bien las autoridades de la isla están demostrando una voluntad clara y realizando progresos significativos para atajar la entrada de estos bienes de explotación, la legislación taiwanesa vigente todavía carece de un marco punitivo o prohibitivo explícito para este tipo de mercancías.

A pesar de la advertencia norteamericana, el Ministerio de Trabajo matizó que el informe de Washington se limita a una propuesta preliminar que no posee carácter vinculante inmediato y que afecta a decenas de naciones simultáneamente. Las autoridades laborales subrayaron que los esfuerzos previos de la isla han sido reconocidos de forma positiva por la Casa Blanca dentro de las negociaciones del Acuerdo de Comercio Recíproco Taiwán-EE. UU. (ART). Como resultado de estas salvaguardas diplomáticas, Taiwán fue ubicado en un bloque preferencial de 14 países beneficiados con la tarifa punitiva más baja del 10 %, un porcentaje sustancialmente menor que los niveles de recargo sugeridos para otras potencias de la región como Japón o Corea del Sur.