El presidente Lai Ching-te (賴清德) acudió a la ceremonia de graduación de la Universidad Central de Policía donde instó a los nuevos oficiales a ejercer sus cargos con un estricto sentido del deber, compañerismo e integridad moral. El mandatario advirtió de que la labor policial se sitúa en la primera línea de la legalidad del Estado y está expuesta de forma constante a dilemas éticos, presiones externas e intentos de soborno. Aunque el jefe de Estado elogió la labor de los agentes, que ha permitido reducir los delitos violentos por cada 100 000 habitantes en más de un 50 % desde 2016, insistió en que el cuerpo no debe caer en la autocomplacencia ante las nuevas modalidades delictivas.

Dentro de las prioridades estratégicas de seguridad nacional, Lai situó el combate contra el crimen organizado como el objetivo principal, denunciando que las mafias locales han comenzado a coludir con organizaciones extranjeras para desestabilizar el país. En respuesta a esta situación y al auge del narcotráfico, el Yuan Ejecutivo ha anunciado reformas legales severas, elevando el etomidato a droga de categoría 1, lo que habilitará la aplicación de la pena de muerte para fabricantes y distribuidores. Asimismo, se ilegalizarán los cigarrillos electrónicos, estableciendo penas por su comercio y multas de entre 30 000 TWD (aprox. 930 USD) y 100 000 TWD (aprox. 3100 USD) por su posesión, al tiempo que se decretará la confiscación forzosa de vehículos a quienes conduzcan bajo los efectos de estupefacientes.

Para compensar el desgaste de estas exigentes funciones, el mandatario ratificó el compromiso del Gobierno de actuar como el soporte institucional definitivo de las fuerzas del orden mediante mejoras de bienestar laboral y salarial. Entre las medidas consolidadas este año, destacó la entrega de viviendas sociales exclusivas para personal de seguridad y el incremento del complemento salarial por especialización en investigación criminal hasta el 80 %, vigente desde el pasado 1 de marzo. El Ejecutivo concluyó prometiendo una reestructuración de los turnos de servicio y una disminución de la burocracia para optimizar las capacidades operativas de los agentes y garantizar la paz social de los ciudadanos.