El Ministerio de Justicia está impulsando una reforma de la Ley de Abogados motivada por el incesante incremento de agresiones violentas dirigidas contra estos profesionales en el ejercicio de sus funciones. El borrador de la enmienda, detallado hoy ante el Yuan Legislativo por el viceministro Feng Cheng (馮成), introduce el artículo 35-1 con el objetivo de blindar la seguridad de los letrados y del personal judicial. Esta iniciativa legal se ha elaborado tomando como modelo de referencia la protección penal que ya reciben los trabajadores del sector sanitario bajo la Ley de Atención Médica, reconociendo de este modo el rol crucial que desempeñan los abogados en la preservación del debido proceso y del derecho constitucional a la defensa de los ciudadanos.

El nuevo marco legal establece un severo régimen punitivo que combina sanciones económicas y privativas de libertad orientadas a disuadir la comisión de estos actos delictivos. Aquellas conductas que hagan uso de la violencia, la coacción o la intimidación para obstruir la labor de un abogado serán sancionadas con hasta 3 años de cárcel y multas que pueden alcanzar los 300 000 TWD (aproximadamente 9375 USD). Además, el proyecto endurece de manera drástica las consecuencias penales en los supuestos más graves, fijando penas de entre 3 y 10 años de prisión si la agresión física resulta en lesiones graves para el profesional, y elevando el castigo hasta la cadena perpetua o un mínimo de 7 años de internamiento si el ataque causa el fallecimiento de la víctima.

Durante la sesión de control parlamentario, el Yuan Judicial aportó observaciones técnicas fundamentales destinadas a unificar los diez borradores presentados por las distintas fuerzas políticas de la cámara. El director general, Wu Tzuo-cheng (吳祚成), desaconsejó tipificar la tentativa en los delitos cualificados por el resultado, argumentando que carece de encaje tanto en la práctica de los tribunales como en la doctrina penal común. Del mismo modo, el alto funcionario recomendó sustituir fórmulas jurídicas indeterminadas como «perturbación» por vocablos taxativos y concretos como «violencia» o «coacción», garantizando así que la tipificación del delito observe de manera rigurosa los principios constitucionales de claridad y previsibilidad jurídica.