Diversas organizaciones de derechos humanos de Taiwán, entre las que se incluyen la Asociación de Taiwán para los Derechos Humanos y la Fundación para la Reforma Judicial, se han congregado en el Yuan Legislativo para mostrar su rechazo a la «Ley para la Promoción de la Unidad y el Progreso Étnico» aprobada por el Gobierno chino. Durante el acto de protesta, los activistas realizaron la ruptura simbólica de copias de la normativa, denunciando que se trata de una herramienta de coacción estatal diseñada para diluir las identidades locales y perseguir la pluralidad cultural bajo el pretexto de la cohesión nacional.

La parlamentaria Fan Yun (范雲) denunció que esta legislación busca dotar de cobertura legal a la represión transnacional fuera de las fronteras chinas, criminalizando la defensa de las culturas de Taiwán, Hong Kong o Tíbet al equipararlas con actos de subversión contra el Estado. Asimismo, activistas de la causa tibetana como Tashi Tsering (札西慈仁) advirtieron de que las nuevas directrices de Pekín castigan penalmente con prisión la transmisión de la lengua y las tradiciones religiosas locales dentro de las regiones autónomas, etiquetando estas conductas de delitos de secesión.

Los colectivos civiles recordaron la reciente inmolación del exiliado tibetano Lhakpa Rangzen (落嘎˙讓贊) en Nueva York como una llamada de alerta urgente para que la ONU y los líderes de los países democráticos intervengan contra las políticas de asimilación forzosa. Por su parte, la presidenta de Amigos de Tíbet en Taiwán, Chou Mei-li (周美里), instó a la sociedad civil de la isla a rechazar las corrientes chovinistas promovidas por Pekín y a consolidar un frente de solidaridad con todas las comunidades que sufren el menoscabo de sus libertades fundamentales bajo el régimen comunista.