La gestión de la reciente crisis alimentaria protagonizada por Chung Lien Oil (Central Union, 中聯) ha desencadenado una fuerte respuesta política y judicial. Cuatro jóvenes figuras del Kuomintang (KMT) se han personado ante la Fiscalía de Taipéi para interponer una denuncia formal contra altos cargos del gobierno, incluyendo al primer ministro Cho Jung-tai (卓榮泰) y al ministro de Salud, Shih Chung-liang (石崇良), acusándolos de presunta corrupción y de favorecer ilícitamente a las empresas implicadas en el escándalo de los aceites contaminados con benzopireno.

La controversia tiene su origen en una reunión de expertos celebrada el 4 de julio, en la que se decidió fijar un umbral de tolerancia del 20 % para la retirada de los lotes afectados. La difusión de las actas de dicho encuentro reveló discrepancias entre los especialistas y avivó las sospechas sobre la parcialidad de las decisiones. El ministro de Salud justificó que este porcentaje respondió a un razonamiento científico inicial, pero reconoció que el posterior cambio de criterio hacia una retirada total de los productos fue una determinación puramente política de la cual se responsabiliza.

El grupo de jóvenes denunciantes —compuesto por el concejal Yang Chih-tou (楊植斗) y los candidatos Ho Yuan-kai (何元楷), Lai I-jen (賴苡任) y Chang Chia-hsin (張家馨)— criticó duramente la presencia de la propia empresa investigada, Central Union, en aquella primera reunión de evaluación. Lai I-jen (賴苡任) señaló que este hecho insinúa una falta de transparencia, sugiriendo que el gobierno habría intentado pactar en secreto una normativa laxa para proteger a los fabricantes frente a pérdidas masivas.

Aunque las autoridades sanitarias intentaron contener la situación exigiendo a Central Union medidas de subsanación y aplicando el mencionado margen del 20 %, el goteo incesante de nuevos lotes de aceite contaminado forzó al Ejecutivo a rectificar apenas unos días después. El 8 de julio, se ordenó finalmente la retirada preventiva de todos los productos relacionados, lo que no ha evitado que la oposición exija ahora responsabilidades penales.