El anuncio del presidente Lai Ching-te (賴清德) sobre el reparto de un dividendo nacional derivado del sector de la IA, que supondrá la entrega de 10 000 TWD (aprox. 310 USD) a cada ciudadano el próximo año, ha generado debate político. La oposición acusa al Gobierno de aplicar un doble rasero en materia de disciplina fiscal, al comparar esta medida con propuestas anteriores de devolución de impuestos que fueron desestimadas bajo argumentos de austeridad.

Para responder a estas críticas, el primer ministro Cho Jung-tai (卓榮泰) aseguró que la medida es plenamente constitucional y fiscalmente responsable. Explicó que la asignación de los 236 000 millones de TWD (aprox. 7375 millones de USD) adicionales no generará nueva deuda pública ni afectará a los presupuestos vigentes, sino que se sustenta en una revisión al alza del crecimiento económico del país, estimado en un 11,05 % para este año.

Cho Jung-tai aprovechó un evento industrial en Taipéi para subrayar que esta iniciativa no busca «empobrecer a Taiwán», como sostiene la oposición, sino «enriquecer al pueblo» distribuyendo los frutos del éxito de la industria de la inteligencia artificial. Además, destacó que la deuda pública pendiente se ha reducido al 22,4 %, la cifra más baja desde el año 1999, lo que demuestra la solidez de las finanzas estatales.

En paralelo al reparto de este dividendo, el primer ministro anunció un plan de apoyo al tejido empresarial del país. Siguiendo las directrices presidenciales, se destinarán 100 000 millones de TWD (aprox. 3125 millones de USD) durante los próximos ocho años para fomentar la transformación y modernización de las pequeñas, medianas y microempresas, en busca de un desarrollo económico más equitativo.