El nuevo sistema, que impone la hospitalización obligatoria por orden judicial para pacientes con enfermedades mentales, entró en vigor el 1 de agosto. Esto representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las personas con enfermedades mentales, pero plantea un dilema en cuanto a las necesidades médicas y la seguridad social. Tanto la comunidad médica como las organizaciones de defensa de los derechos de los pacientes reconocen que el apoyo comunitario actual es insuficiente; sólo mediante la expansión continua y la incorporación de recursos de la sociedad civil las comunidades podrán garantizar que ningún caso quede sin atención.

Hoy conoceremos los pormenores.